En febrero de 2009 se convirtió en noticia en España el informe Auken, redactado por una eurodiputada danesa con ese apellido. El motivo son las quejas de ciudadanos de otros países de la Unión que habiendo comprado viviendas en España se ven afectados por la legislación urbanística valenciana, que implica procedimientos de gestión muy expeditivos que vulneran lo que ellos entienden que es su derecho de propiedad.

El informe entra en un análisis del fuerte crecimiento urbano en el país, de sus efectos ambientales, y en otras consideraciones. Habla de urbanismo, pero no desde el punto de vista de la disciplina en si (que es de competencia estatal) sino de la defensa de derechos básicos de los ciudadanos.

Una interesante lectura sobre los límites que la Unión establece al poder de los estados. Desde este informe ha habido cambios legales en la región de Valencia, estando previstos algunos de mayor calado aún, con refundición de un conjunto de textos demasiado complejo, lo que no ayuda a su eficacia.

En este caso, el informe recibió en España una acogida positiva en muchos casos: los mismos problemas eran sufridos por ciudadanos del país. Aquí el efecto de la Unión fue el de aportar una visión más amplia a la hora de tomar una decisión relativa a los efectos de un fenómeno (la burbuja inmobiliaria) específico del Estado y temporal. Sólo una minoría (al menos es lo que he percibido) lo vio como una intrusión en la soberanía.