España se vio sometida a una primera oleada de crecimiento disperso “moderno” durante las décadas de 1960 y 1970, durante un periodo de importante crecimiento económico y llegada a las ciudades de poblaciones rurales, en el que aparecieron en torno a Madrid y otras grandes ciudades enormes extensiones de vivienda colectiva de 3 a 8 plantas, que, en un contexto en el que el urbanismo reglamentario aún era una novedad, se localizaron muchas veces más en función del bajo precio del suelo que de otras consideraciones. Estos barrios se diferencian de otros de la misma época en Europa por ser casi totalmente de vivienda en propiedad (el alquiler se desarrolló muy poco) y tener menos dotaciones públicas, además de haber tardado en ocasiones 20 años en completar las obras de urbanización. Esto probablemente pesó de forma inconsciente en la percepción a mediados de la década de 2000 en lo que se describe a continuación.
El caso de Seseña se ha convertido en España en un ejemplo para muchos de los fallos del sistema urbanístico. El municipio, a 40 km al sur de Madrid, ha sido objeto de irregularidades en la gestión de actuaciones privadas de creación de nuevos tejidos residenciales. Para quienes quieran conocer los detalles del caso puede ser interesante la lectura del informe de fiscalización publicado en el Boletín Oficial del Estado. Quizás lo más llamativo, habiendo visto de cerca en Madrid como surgió la polémica, es que esta en sus inicios no fue tanto una cuestión de crecimiento disperso, sino de paisaje. En la zona de límite entre las provincias de Madrid y Toledo existe ya una importante tendencia al crecimiento disperso, pero de baja densidad, y en general relativamente próximo a los núcleos existentes.
Aquí la polémica surge por un crecimiento separado del núcleo con edificios de siete plantas, visibles desde las autovías del entorno; con 13.508 viviendas a ejecutar entre 2007 y 2017 según el plan inicial y una densidad de más de 70 viviendas por hectárea, algunos de los problemas de la dispersión pueden parecer resueltos, pero el emplazamiento respecto al sistema urbano y la composición de usos (casi exclusivamente vivienda) son dudosos. Esto deriva en una crítica al modelo de planeamiento de la legislación regional, y a averiguaciones que muestran irregularidades tanto en este sector como en otros del municipio.
En 2011 (año del informe parlamentario) había licencias concedidas para 5.096 viviendas, y en 2012 el Padrón de habitantes refleja 3.589 habitantes. Con la crisis se han rebajado sustancialmente los precios de las viviendas, y el ámbito sigue adelante su comercialización.
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