El gobierno Monti cuantificó en marzo de 2012 el importe fiscal no percibido por las administraciones italianas a causa de las edificaciones ilegales en unos 500 millones de euros. Según ciertas fuentes, el 17% de la producción edificatoria anual italiana es ilegal, y esto implica, entre otras cosas, una localización dispersa.

El informe Marenostrum 2012, de legambiente.it, da cuenta de la situación del crecimiento disperso ilegal en las costas italianas, parte del más amplio fenómeno del “abusivismo edilizio”. En ciudades como Nápoles o Palermo hay más de 6.000 edificaciones no declaradas.

Es uno de los mayores problemas de un sistema urbanístico italiano que cuenta con planes muy sofisticados: la falta de respeto de la norma.