La capacidad residencial necesaria para satisfacer la demanda futura de residencias principales se estima en el SDRIF en 1,5 millones de viviendas en el horizonte de 2030, como media 70.000 unidades anuales, descompuestas en:

• 38.000 unidades anuales para responder a un crecimiento demográfico a un ritmo similar al de la población nacional, como resultado de la combinación de las tasas de envejecimiento, los comportamientos residenciales y los flujos migratorios
• 12.000 unidades anuales para evitar agravar un déficit ya existente e importante, permitiendo una reducción del tamaño medio de los hogares y facilitando los itinerarios residenciales de los ciudadanos.
• 17.000 unidades anuales para compensar las demoliciones y otras pérdidas del stock de viviendas antiguas.
• 3.000 viviendas anuales para mantener el nivel actual de vacantes, el más bajo en los últimos 40 años.

En conjunto, se busca compensar un declive regular en los últimos 20 años de la producción de vivienda en la región. Esto devería permitir desarrollar ofertas residenciales para grupos específicos (jóvenes, mayores, discapacitados, personas en riesgo de exclusión social y nómadas). Existe el propósito de desarrollar el parque de vivienda social.

En gran medida este esfuerzo corresponderá a promotores privados, y por tanto dependerá de la coyuntura socioeconómica, especialmente la capacidad de acceso al crédito de empresas y ciudadanos, la evolución del poder adquisitivo y la del precio de la vivienda.