En 1971 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile establece el Premio Nacional de Urbanismo; en 1996 se une a la organización el Colegio de Arquitectos. El objetivo es premiar a arquitectos y otros profesionales chilenos que se hayan destacado por su excelencia, creatividad y aporte trascendente a la calidad de vida en las ciudades del país.

No ha tenido una periodicidad fija, y desde 1971 se ha otorgado en seis ocasiones. En la última edición (2014) ha sido otorgado a Sergio Baeriswyl Rada, arquitecto que ha intervenido especialmente en la región del Bio Bio. Funcionario del municipio de Concepción (224.000 habitantes), ha redactado su Plan Regulador, que ha implicado un proceso de participación innovador para la ciudad y una organización en corredores urbanos, con protección del paisaje y de los sistemas naturales. Ha intervenido recientemente en la reconstrucción de su borde costero del Bio Bio tras el terremoto y tsunami de 2010.

Más allá del premio a la persona, que entiendo merecido, me interesan los planes. Nunca he estado en Chile, así que las observaciones formuladas a continuación resultan del análisis de información secundaria. En el caso del Plan Regulador de Concepción, según el documento de ordenanza disponible en la web municipal (con modificaciones hasta septiembre de 2009), se definen áreas sensibles a riesgos naturales y antrópicos; en esas zonas se exigirá a los proyectos un estudio de riesgos, pero no hay una prohibición de construir. Puede parecer extraño, pero ocurre en más lugares, pues a veces los emplazamientos seguros no son fácilmente accesibles; medio París está sometido a riesgos geológicos, y una gran parte de las ciudades inglesas está en amplias llanuras de inundación. No obstante, en Europa suelen plantearse prohibiciones de emplazamiento de nuevos crecimientos en esas áreas, al menos donde es posible, pues los Países Bajos son un ejemplo de que no siempre lo es.

En la planificación para las poblaciones costeras, redactados tras el tsunami, aparecen zonas en las cuales se prohíben viviendas y equipamientos cívicos. Parece un avance sustancial.